● Política
2 de junio, 2026
Cuenta Pública 2026
6 fuentes verificadas
El castigo justo
no se compra.
Tampoco se delega.
Kast anunció el Registro de Vándalos. El humilde pierde la gratuidad para siempre. El rico paga la multa y contrata chofer.
Aibú encontró el único castigo que funciona igual para todos: el que tienes que cumplir tú mismo, con tu cuerpo y tu tiempo.
El dato que nadie conectó
El proyecto castiga donde puede. El problema es que no puede castigar a todos.
El 1 de junio de 2026, en su primera Cuenta Pública, el Presidente Kast anunció el Registro Único de Vándalos e Incivilidades. La lógica es clara: quien destruye lo público, pierde el apoyo del Estado. Sin gratuidad, sin PGU, sin subsidio de arriendo.
Es una idea con sentido. Pero tiene un hueco enorme: ¿qué pasa con el que destruye y nunca necesitó esos beneficios? Para él, el registro no existe. No le cambia nada.
Y hay algo peor aún. Incluso los castigos que sí aplican a todos —como quitarle la licencia de conducir— se pueden sortear con dinero. El que tiene plata, contrata chofer y sigue su vida.
3
beneficios que puede perder quien está en el registro
0
castigos reales para quien no depende del Estado
5 años
permanencia máxima en el registro por delitos de vandalismo
Casos reales
Tres personas. El mismo sistema. Tres resultados distintos.
Para entender el problema del registro, no hacen falta estadísticas. Hacen falta personas reales. Estos tres casos muestran exactamente cómo el sistema castiga diferente según el bolsillo.
Caso 1 — El que usa beneficios del Estado
Nicolás, 19 años. Estudiante de pedagogía en Talca.
Estudia con gratuidad universitaria. Vive en una pieza con subsidio de arriendo. En una marcha, raya un muro del municipio con un spray. Lo identifican y lo condenan por incivilidad.
Con el Registro de Vándalos: pierde la gratuidad. Debe pagar el arancel completo o dejar la carrera. Pierde el subsidio. Queda en la calle o vuelve a la casa de su mamá.
Un rayado en un muro le cuesta la educación y el techo. Para siempre, mientras dure el registro.
Caso 2 — El que no usa beneficios del Estado
Un conocido personaje público. Bar de Vitacura, mayo 2026.
Protagoniza un escándalo nocturno en un local de Vitacura. En estado de ebriedad, amenaza clientes, se cae y se rompe la frente. Llegan Carabineros y seguridad ciudadana. El hecho queda registrado en video y se viraliza en redes sociales.
Con el Registro de Vándalos: no pierde ningún beneficio social porque nunca los tuvo. No tiene gratuidad, no tiene PGU, no necesita subsidio habitacional.
El sistema administrativo no lo toca. Paga lo que corresponda y sigue su vida exactamente igual que antes.
Caso 3 — El castigo que se sortea con dinero
Un caso real de los años 90. Chile.
Un joven de familia acomodada sale solo de una discoteca a las 8 de la mañana. Va ebrio. Atropella por detrás a un grupo de personas que empujaban un auto en la calle. Una persona fallece. Le quitan la licencia de conducir como parte de la condena.
¿Qué pasó después? Contrató chofer. Siguió moviéndose en auto, solo que otro lo manejaba. Con el tiempo, recuperó la licencia y volvió a manejar él mismo.
El castigo nunca le cambió la vida. Solo cambió quién sostenía el volante.
▲ Lo que Kast firmó — pero no explicó en el discurso
El proyecto ya incluye bloqueo de pasaporte y licencia. Tampoco es suficiente.
Según el texto firmado el 1 de junio, el registro contempla además bloqueo de renovación de pasaporte, suspensión de licencia de conducir y prohibición de transferir vehículos y propiedades. Kast lo firmó pero en el Congreso solo habló de gratuidad y PGU. Sin embargo, como demostró el Caso 3, quitarle la licencia a alguien con recursos no le cambia nada: contrata chofer. Y el pasaporte se puede gestionar de otras formas con dinero y abogados. El problema no es qué se le quita. El problema es que todo lo que se le quita se puede reemplazar con plata.
La solución
El único castigo que funciona igual para todos: el que no se puede comprar ni delegar.
El dinero puede pagar multas. Puede contratar abogados. Puede reemplazar una licencia con un chofer. Puede reemplazar un pasaporte con otro. Pero no puede hacer el trabajo comunitario por ti. No puede ir a las clases de ética en tu lugar. No puede enfrentar a las víctimas por ti.
Ese es el castigo que iguala a todos. No porque duela lo mismo en el bolsillo, sino porque lo tienes que vivir tú mismo, con tu tiempo, con tu cuerpo, con tu presencia.
🧹
Trabajo comunitario obligatorio y presencial
Horas de servicio en el lugar que se dañó o en la comunidad afectada. Supervisado. Con registro de asistencia. No se puede pagar a nadie para que lo haga en tu lugar. El empresario y el estudiante van al mismo lugar, hacen lo mismo.
📚
Clases de ética cívica obligatorias
Cursos presenciales sobre convivencia, daño social y responsabilidad ciudadana. Asistencia controlada. Sin excusas de agenda ni viajes de negocios. El que no va, no completa la condena.
👥
Encuentro obligatorio con las víctimas o la comunidad afectada
El condenado debe enfrentar presencialmente a quienes dañó o a representantes de la comunidad. No como castigo humillante, sino como reconocimiento del daño real. Esto no se puede delegar ni comprar.
🔍
Todo supervisado y registrado
Cada hora, cada clase, cada encuentro queda registrado en el sistema. No hay atajos. El que tiene plata cumple igual que el que no tiene. Porque el tiempo y la presencia no se compran.
"Nadie que queme un bus merece tener gratuidad en la educación. Es incompatible una buena educación con la destrucción de los bienes públicos."
Presidente José Antonio Kast — Cuenta Pública, 1 junio 2026
Aibú coincide con el principio. Pero agrega: tampoco es compatible destruir lo público con seguir viviendo como si nada, solo porque tienes dinero para pagar lo que te quitan. El castigo tiene que doler en lo que no se puede reemplazar. Y lo único que no se puede reemplazar es el tiempo propio y la presencia personal.
El debate en el Congreso
La oposición ya anunció batalla constitucional. Y tiene un punto.
El diputado Jaime Bassa del Frente Amplio anunció una reserva de constitucionalidad, argumentando que vincular derechos sociales con conductas viola garantías fundamentales. El subsecretario Pavez reconoció que el proyecto se ajustará en la discusión legislativa.
El argumento de la oposición —que la ley castiga desproporcionadamente a los más pobres— es exactamente lo que los tres casos anteriores demuestran. Si el castigo principal es quitarle beneficios a quien los tiene, la ley es estructuralmente desigual.
La solución del trabajo comunitario y las clases de ética obligatorias resuelve ese problema de raíz: ya no importa si tienes o no tienes beneficios del Estado. Todos cumplen lo mismo. Todos van.
— Lo que dicen los datos —
El dinero puede pagar cualquier multa.
No puede vivir tu condena.
El Registro de Vándalos tiene la intención correcta: que destruir lo público tenga consecuencias. Pero las consecuencias que propone se pueden comprar o sortear con dinero. El castigo justo no es el que duele en el bolsillo. Es el que tienes que cumplir tú mismo, con tu tiempo, con tu presencia, mirando a los ojos a quienes dañaste. Eso no se delega. Eso es igual para todos.
— Aibú